La asociación que engloba a las empresas que prestan el servicio de ITV en España (Aeca-ITV) cree que el último informe realizado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) abogando por la liberalización de esta actividad «pone por delante los criterios económicos por ante de los de seguridad vial», cuando estos fueron los que inspiraron la imposición de las ITV a mediados de los años 80.
El estudio, publicado a principios de esta semana, considera que se debe pasar del régimen de concesión administrativa (mucho más cerrado y que crea oligopolios) a uno de autorización, que ya se aplica en algunas comunidades como Madrid y permite la entrada libre de todos aquellos operadores que cumplan unas condiciones mínimas.
Es decir, que podrían acceder a ellos los concesionarios, una vieja aspiración de las asociaciones de fabricantes, vendedores e importadores. La asociación que engloba a estos últimos, Aniacam, ha sido la ultima en pronunciarse en este sentido.
En cambio, Aeca-ITV cree que el hecho de que la misma empresa que vende y repara los vehículos, los inspeccione, puede dar lugar a «diagnósticos interesados». O a que una empresa de transporte, si puede examinar sus propios vehículos, no sea lo bastante severa.
Además, la apertura que propone la CNMC tendría otra serie de efectos negativos. Por ejemplo, que las ITV se concentren en las zonas más rentables, dejando sin cobertura las más despobladas o rurales. O que los nuevos operadores no quieran ocuparse de la inspección de vehículos pesados, agrícolas o de transporte escolar ya que son «singularmente complejas y no rentables».
En cuanto a que no haya unas exigencias mínimas en el espacio o líneas de trabajo, otra de las propuestas de la CNMC, Aeca-ITV asegura que supondría un caso de «competencia desleal», ya que los nuevos operadores deben entrar en las mismas condiciones y reglas con las que accedieron los actuales.
O lo que es lo mismo, que estos deberían ser indemnizados. Lo mismo que tendrían que hacer las Comunidades Autónomas que otorgaron las concesiones y que verían cómo, con nuevos actores, se reducirían los ingresos potenciales. Una razón suficiente para que se opongan a esa apertura. Aparte deque algunas comunidades gestionan directamente el negocio.
Lo cierto es que la liberalización de esta actividad es una batalla que dura ya casi 15 años durante los cuales ningún Gobierno ha sido capaz de revertir una situación que todos, siempre han considerado poco competitiva.
El Mundo
12 de Julio de 2014