La complementariedad de la previsión social es ya un hecho que nadie cuestiona. Las pensiones públicas contributivas acaban de iniciar un camino descendente del que no se van a apear, por lo pronto, hasta 2027. De tal forma que, llegada nuestra jubilación, la única manera que vamos a tener de complementar la menguante pensión pública será a través de la previsión privada. Y su fomento sólo puede venir por dos vías: medidas directas de carácter coercitivo (en cuyo jardín, de momento, no nos hemos metido), y medidas de carácter fiscal.
El Gobierno no lo tiene fácil, porque está obligado a conjugar, por un lado, el detrimento en los ingresos de las arcas públicas (en un momento de crisis económica) que suponen los incentivos fiscales del ahorro a largo plazo; y, por otro, la necesidad de beneficiar fiscalmente ese ahorro de tal forma que resulte atractivo para los ciudadanos el esfuerzo de renunciar a ingresos presentes por ingresos futuros.
Se estima que el déficit de ahorro-previsión de España es de más de 300.000 millones de euros. España tiene un patrón de ahorro muy diferente al de los países de nuestro entorno. Del ahorro no inmobiliario, una parte muy significativa del total, casi el 50 por ciento, se sitúa en depósitos o efectivo, lejos del 33 por ciento de la media europea. Por su parte, más del 12 por ciento está colocado en productos verdaderamente finalistas (planes de pensiones y seguros de vida), frente al casi 38 por ciento de Europa.
Sin embargo, aunque con más lentitud de la deseada, el Ejecutivo parece estar dando algunos pasos en la dirección correcta.
Así al menos lo ponen de manifiesto medidas como la posibilidad de licuar el patrimonio inmobiliario y que sus plusvalías no tributen si se compran rentas vitalicias; las mejoras introducidas en los PIAS; o incluso las novedades del Plan Ahorro 5.
Sobre este último aspecto cabe señalar la capacidad de corrección en los últimos días que ha tenido el Ejecutivo para hacer un ‘verdadero’ Plan de Ahorro a Largo Plazo: con indicios de servir como complemento de la jubilación, y con posibilidades de realizar diseños atractivos para el cliente. Confiamos que en 2015 se siga mejorando este plan con la posibilidad de movilización entre ellos, provengan de donde provengan, y que cada cliente pueda tener varios, incluso de distintas entidades. ¿Por qué no?
El camino es largo. Aún queda calzada por recorrer. Y las próximas metas volantes que debería «bordar el Gobierno deberían ser las situaciones de desamparo que viven en la actualidad las personas afectadas por contingencias de invalidez, viudedad y orfandad. Estas rentas no pueden tener un tratamiento fiscal similar al de los rendimientos del capital o del trabajo, como ocurre ahora. Porque las personas las materializan, precisamente, cuando sufren una situación de desamparo, de dependencia. Y lo que debería hacer un Gobierno responsable es otorgar un amparo fiscal a las personas que sufren este tipo de situaciones. Y el impacto en las arcas del Estado es mínimo. Claro que queda mucho por delante. Mucho. Pero yo prefiero ver la botella medio llena.
Finanzas & INVERSION
Luís María Saez de Jauregui
31 de Octubre de 2014