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La complementariedad de la previ­sión social es ya un hecho que nadie cuestiona. Las pensiones pú­blicas contributivas acaban de iniciar un camino descendente del que no se van a apear, por lo pronto, hasta 2027. De tal forma que, llega­da nuestra jubilación, la única ma­nera que vamos a tener de comple­mentar la menguante pensión públi­ca será a través de la previsión pri­vada. Y su fomento sólo puede venir por dos vías: medidas directas de carácter coercitivo (en cuyo jardín, de momento, no nos hemos metido), y medidas de carácter fiscal.

El Gobierno no lo tiene fácil, por­que está obligado a conjugar, por un lado, el detrimento en los ingresos de las arcas públicas (en un momen­to de crisis económica) que suponen los incentivos fiscales del ahorro a largo plazo; y, por otro, la necesidad de beneficiar fiscalmente ese ahorro de tal forma que resulte atractivo para los ciudadanos el esfuerzo de renunciar a ingresos presentes por ingresos futuros.

Se estima que el déficit de ahorro-previsión de España es de más de 300.000 millones de euros. España tiene un patrón de ahorro muy dife­rente al de los países de nuestro en­torno. Del ahorro no inmobiliario, una parte muy significativa del total, casi el 50 por ciento, se sitúa en de­pósitos o efectivo, lejos del 33 por ciento de la media euro­pea. Por su parte, más del 12 por ciento está co­locado en productos ver­daderamente finalistas (pla­nes de pensiones y seguros de vida), frente al casi 38 por ciento de Europa.

Sin embargo, aunque con más lentitud de la de­seada, el Ejecutivo parece estar dando algunos pasos en la dirección correcta.

Así al menos lo po­nen de manifiesto medidas como la posibilidad de li­cuar el patrimonio inmobiliario y que sus plusvalías no tributen si se com­pran rentas vitali­cias; las mejoras introducidas en los PIAS; o incluso las novedades del Plan Ahorro 5.

Sobre este últi­mo aspecto cabe señalar la capaci­dad de corrección en los últimos días que ha tenido el Ejecutivo para hacer un ‘verdadero’ Plan de Aho­rro a Largo Plazo: con indicios de servir como complemento de la ju­bilación, y con posibilidades de rea­lizar diseños atractivos para el clien­te. Confiamos que en 2015 se siga mejorando este plan con la posibili­dad de movilización entre ellos, pro­vengan de donde provengan, y que cada cliente pueda tener varios, in­cluso de distintas entidades. ¿Por qué no?

El camino es largo. Aún queda calzada por recorrer. Y las próximas metas volantes que debería «bordar el Gobierno debe­rían ser las situa­ciones de desampa­ro que viven en la actualidad las per­sonas afectadas por contingencias de invalidez, viude­dad y orfandad. Estas rentas no pueden tener un tratamiento fiscal similar al de los rendimientos del capital o del traba­jo, como ocurre ahora. Porque las personas las mate­rializan, precisa­mente, cuando su­fren una situación de desamparo, de dependencia. Y lo que debería hacer un Gobierno responsable es otorgar un amparo fiscal a las personas que sufren este tipo de situaciones. Y el impacto en las arcas del Estado es mínimo. Claro que queda mucho por delante. Mucho. Pero yo prefie­ro ver la botella medio llena.

 

 Finanzas & INVERSION

Luís María Saez de Jauregui

31 de Octubre de 2014